FORO CIUDADANO

“LA NUEVA LEY DE PATICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL DESDE LA OPTICA CIUDADANA”
celebrado el día 6 de febrero de 2010 en el
Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
ubicado en la calle de Gante #15, Centro Histórico

RESOLUTIVOS:

"Por una ciudadanía libre, participativa, corresponsable y con poder de autodeterminación"
Nuestro objetivo es impulsar un proyecto de ciudad democrática segura y justa, socialmente incluyente, sustentable y con un gobierno verdaderamente responsable y eficiente.

Antecedentes

La participación ciudadana es fundamental para consolidar un régimen democrático, donde la participación de los ciudadanos se de libre y consciente en la toma de decisiones de la vida pública para construir, en común acuerdo sociedad y gobierno, la ciudad que deseamos y aspiramos heredar a futuras generaciones.
La democracia representativa Mexicana, como la han manejado los partidos hasta hoy, no satisface las expectativas de la mayoría de los mexicanos, los resultados de esta falta de participación real de la ciudadanía, en los asuntos públicos, estan a la vista, vivimos una realidad que se caracteriza por la pobreza, la exclusión social, los altos índices de corrupción pública y privada, la violación de los derechos humanos y por una ineficacia gubernamental generalizada, por esto urge instrumentar una democracia participativa en la búsqueda de soluciones viables de corto, mediano y largo plazo en un ambiente de libertad, inclusión, responsabilidad y eficiencia.
Buscamos y exigimos una democracia en la que no solo se pretenda que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus gobernantes, sino, también puedan supervisarlos y valorar el contenido de los trabajos que efectúan, a quien beneficiaran, dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos, a la aplicación de los recursos, tanto en el costo como en el resultado, (y si no dan resultados, no cumplen o se corrompen, revocarles el mandato) participar en la elaboración de un proyecto de ciudad sustentable, justo equitativo y democrático de largo plazo. La participación ciudadana libre y responsable dará un nuevo cauce a la relación entre estado y sociedad. Es necesario que tengamos altura de miras para que líderes vecinales y comunitarios, legisladores y gobernantes antepongan sus intereses particulares a los intereses de la ciudad, con el propósito de trabajar juntos en la búsqueda del bien común, dejando atrás la corrupción (pública y privada); busquemos juntos soluciones, con acciones concretas, con proyectos a corto, mediano y largo plazo, propiciando e impulsando el uso de procedimientos democráticos para cambiar disposiciones legales, buscando ampliar y mejorar la discusión pública, haciendo transparente el ejercicio de gobierno, obligando a la rendición de cuentas y permitiendo la revocación del mandato para que sea visible su utilidad y sirva para aclarar diferencias, dirimir conflictos y celebrar acuerdos.
Para el logro de la democracia participativa se requiere de un nuevo andamiaje jurídico e institucional que dote a la sociedad civil y a sus órganos representativos de instrumentos, facultades y funciones que les permitan el cumplimiento de sus responsabilidades.
Consideramos fundamental que los ciudadanos del Distrito Federal cuenten con instrumentos de participación ciudadana, cada vez más acabados, a través de los cuales la ciudadanía pueda manifestarse e incidir en el rumbo que habrá de tomar la Ciudad de México teniendo como propósito establecer canales que den origen a una relación fluida entre ciudadanos y autoridades mediante mecanismos de carácter vinculatorio que permitan ejercer plenamente los derechos públicos y ciudadanos dentro del marco jurídico nacional. Es evidente que para el logro de la democracia participativa se requiere de mejorar el andamiaje jurídico institucional que dote a la sociedad civil y a sus órganos representativos de instrumentos, mayores facultades y funciones que les permitan el cumplimiento de sus responsabilidades, lo cual contribuirá a la mejor gobernabilidad de la ciudad de México, una de las ciudades más complejas del mundo.
La construcción de la democracia participativa pasa por el fortalecimiento de las organizaciones civiles y sociales
Una estrategia central de la sociedad capitalina consistirá en la reconstrucción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, dando poder real a la ciudadanía para intervenir en las decisiones de orden público.
Es importante la voluntad política de los gobernantes para consolidar la participación ciudadana, por eso proponemos que sea la política el instrumento de entendimiento para llegar a acuerdos que nos beneficien como sociedad, y nos permitan a todos avanzar hacía un futuro menos incierto que el que tenemos actualmente.
Se requiere de nuevas instituciones democráticas más abiertas y flexibles al servicio de la ciudadanía motivo por el cual es necesario mejorar y enriquecer la actual ley de participación ciudadana, bienvenida la iniciativa de la asamblea legislativa de someter a consulta este ordenamiento por medio de foros delegacionales, esperamos queden atrás los intereses mezquinos de algunos, las rencillas, la politiquería y la corrupción, y se corrijan los errores de origen de esta legislación tomando en cuenta a los ciudadanos que somos los mandantes e involucrados directamente en esta ley.
Los integrantes del foro de manera unánime, exigimos el pleno respeto a los derechos ciudadanos adquiridos y que la actual ley no sea regresiva, ni los limite; por ejemplo, los consejeros ciudadanos que surgieron de la ley de 1995, tenían facultades para intervenir en la gestión, supervisión, evaluación, así como la consulta y aprobación de ciertos programas delegacionales, entre otros el programa operativo anual, (POA) y posteriormente el plan parcial de desarrollo urbano (PPDU), son derechos que en leyes posteriores nos han sido conculcados.
Proponemos la creación de la figura jurídica de candidatos ciudadanos a cargos de elección popular, lo cual, estamos concientes requiere de una reforma constitucional, pero los asistentes al foro consideraron importante señalarlo.
No aceptamos el que las decisiones de las asambleas ciudadanas sean de carácter obligatorio para los vecinos de una unidad territorial según el artículo 78 de la actual ley de participación ciudadana vigente porque nos conculca derechos, si no existe una participación amplia de los ciudadanos, atentaría contra la democracia y los gobernantes estarían tomando decisiones sin considerar a las mayorías.
Propuestas
1.- Por una Ley de Participación Ciudadana construida desde la ciudadanía. Tomando en cuenta a todas las organizaciones que existen en las diferentes colonias, unidades habitacionales, barrios, pueblos y delegaciones.
2.- Establecer el principio de revocación del mandato de las Autoridades Gubernamentales del Distrito Federal por faltas graves al cumplimiento de su deber o corrupción.
3.- Incluir en la ley el principio de trasparencia efectiva y rendición de cuentas real y permanente.
4.- Instaurar el presupuesto participativo lo cual implica la participación ciudadana en la formulación de los presupuestos para el desarrollo de los proyectos y programas para la ciudad y no como sucede actualmente que el presupuesto se estructura de acuerdo con la óptica del gobierno en turno. El presupuesto participativo incluyente, democrático y con base en las necesidades sociales.
5.- Para el cumplimiento de las múltiples funciones que deberán realizar los comités ciudadanos, establecidas en el artículo 88 de la Ley de Participación Ciudadana, planteamos se proporcione: Infraestructura y recursos economicos para los Comités Ciudadanos, estos organismos colegiados requieren para su mejor desempeño de espacios, mobiliario, papelería y viáticos, al realizar las diecinueve actividades propuestas, con la pura voluntad se presta a ser inviable o a ser rápidamente cooptado por la corrupción imperante.
6.- Definir instrumentos jurídicos que hagan vinculatorio, para el gobierno local y delegacional, la gestión y actividades de los Comités Ciudadanos.
7.- Fortalecer y consolidar a los Comités Ciudadanos para darle una nueva perspectiva a la vida democrática de la Ciudad de México. Proponemos que la figura del comité ciudadano sea horizontal, plural e incluyente, autónoma y autogestiva en defensa de los intereses ciudadanos.
Los comités ciudadanos deberán elaborar un proyecto general anual de actividades y tener una agenda de trabajo con objetivos, tiempos y resultados, estableciendo procedimientos de seguimientos y evaluación.
Se propone que los coordinadores internos de los comités ciudadanos sean rotativos para evitar relaciones de interés político.
8.-Se propone que para convocar al consejo ciudadano de las diversas demarcaciones (artículo 130, LPC) lo puedan hacer un 20% de los comités ciudadanos y no únicamente el jefe de gobierno o los jefes delegacionales.
9.- Elegir por voto directo, secreto y universal a las figuras de representación ciudadana. Con base en las unidades territoriales se realizará, el ejercicio del voto en las urnas correspondientes y no solo en una asamblea electiva lo que da lugar al acarreo y al corporativismo, lo que se busca es una elección transparente y libre.
10.-Proporcionalidad en la elección de los Comités Ciudadanos.
11.-Que los contralores ciudadanos sean electos por la propia ciudadanía.
12.-Construir con el concurso de la ciudadanía el reglamento de la ley.
Establecer en el reglamento de los comités ciudadanos que estas figuras son de representación ciudadana y reglas que impidan a los jefes delegacionales coaccionarlos o cooptarlos, para evitar que los comités ciudadanos se conviertan en apéndices del gobierno.
13.-Desarrollar proyectos y programas permanentes de formación y capacitación ciudadana.
14.-Introducir la figura de la afirmativa ficta en el caso de silencio o no respuesta administrativa en término razonable a demandas fundamentales de la ciudadanía.
15.-Cuando la ciudadanía haga uso del plebiscito o del referéndum, se tenga acceso equitativamente a los medios de comunicación por parte de las diversas posiciones en debate y sean vinculatorios.
16.-No hay razones objetivas, para que el ejercicio del plebiscito o referéndum se realice sólo una vez al año, si existen problemas relevantes que la ciudadanía desee resolver por medio de estos instrumentos de democracia directa, deben utilizarse cuando sea necesario, sin abusar de ellos.
17.-Se propone la creación de un instituto de formación y capacitación ciudadana como organismo descentralizado, con personalidad y patrimonios propios, financiado por el gobierno del Distrito Federal y no dejar la capacitación y construcción de la cultura política y democrática como responsabilidad de los comités ciudadanos tal como lo establece la ley actual, porque estos no tendrían ni la capacidad académica ni los recursos humanos, económicos ni materiales para este objetivo..
18.-Proponemos la configuración participativa de redes horizontales, con la presencia de múltiples actores sociales, comunitarios, religiosos, etc., en las diversas delegaciones de la ciudad de México, si cristaliza este esfuerzo permitirá la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas, lográndose una interlocución consensuada y mayor gobernabilidad en la Ciudad de México.
19.-Propiciar una comunicación directa entre el gobierno y los ciudadanos, organizaciones sociales, civiles, sociales y de todo tipo.
20.- de no ser tomados en cuenta con nuestras propuestas por los asambleistas del Distrito Federal, recurriremos a las acciones legales que haya lugar para proteger nuestros derechos consagrados en la carta magna y en las anteriores leyes sobre la materia en el Distrito Federal.
Los asistentes al foro ciudadano, pensamos que es el momento de unificar a los habitantes de nuestra ciudad, para potenciar nuestra capacidad de construir nexos entre las diferentes Delegaciones Políticas y sus respectivas colonias o barrios o pueblos, con la finalidad de participar en la construcción de mejores ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el mejoramiento de nuestro hábitat, la conciencia colectiva, las diversidades culturales, el derecho a una vida digna y el sentido de pertenencia al barrio, al pueblo, a la colonia, a la ciudad, con el interés de participar con los que nos representan y gobiernan en las decisiones que se tomen, para construir juntos un mejor futuro para nosotros y las próximas generaciones.

RESOLUTIVO DEL FORO "PARTICIPACION CIUDADANA: USO DE SUELO, ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y USO DE SUELO"

México Distrito Federal a 24 de agosto de 2008.

Acta de asamblea de las Organizaciones y Ciudadanos asistentes y participantes en el “FORO PARTICIPACIÓN CIUDADANA: ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, SEGURIDAD PÚBLICA Y USO DE SUELO”


RESOLUTIVO

Declaración de posiciones sobre la problemática de la ciudad de México y el país.

Nuestro objetivo es impulsar un proyecto de ciudad democrática segura y justa, socialmente incluyente, sustentable y con un gobierno verdaderamente responsable y eficiente.

Consideramos que para avanzar en la construcción de una sociedad democrática se requiere además de la democracia representativa consagrada en la Constitución General de la República, desarrollar la democracia participativa, que es aquella donde los ciudadanos intervienen de manera libre y consciente en la toma de decisiones de la vida pública.

Para el logro de la democracia participativa se requiere de un nuevo andamiaje jurídico e institucional que dote a la sociedad civil y a sus órganos representativos de instrumentos, facultades y funciones que les permitan el cumplimiento de sus responsabilidades.

Consideramos fundamental que los ciudadanos del Distrito Federal cuenten con instrumentos de participación ciudadana, cada vez más acabados, a través de los cuales la ciudadanía pueda manifestarse e incidir en el rumbo que habrá de tomar la Ciudad de México teniendo como propósito establecer canales que den origen a una relación fluida entre ciudadanos y autoridades mediante mecanismos de carácter vinculatorio que permitan ejercer plenamente los derechos públicos y ciudadanos dentro del marco jurídico nacional.

La construcción de la democracia participativa pasa por el fortalecimiento de las organizaciones civiles y sociales.

Una estrategia central de la sociedad capitalina consistirá en la reconstrucción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, dando poder real a la ciudadanía para intervenir en las decisiones de orden público.

Coincidimos con la percepción generalizada de las y los habitantes de esta ciudad capital, en que la inseguridad en la ciudad de México es cada día mayor, pero advertimos, no es la militarización de las calles la mejor alternativa para el combate a la delincuencia, hay que trabajar más en la prevención del delito. Se requiere de nuevos proyectos económicos y sociales que la inhiban.

Pensamos que las tareas de vigilancia y persecución del delito corresponden a la Secretaria de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ellos tienen la obligación y son responsables de realizar estos trabajos y rendir cuentas de su quehacer a la ciudadanía.

Demandamos a las asociaciones organizadoras de la marcha contra la inseguridad pública realizada el 27 de junio del 2004, den una información pública documentada y expliquen en que utilizaron los recursos que les otorgó el gobierno federal, para que contribuyeran con programas contra la delincuencia.

Pedimos a los organizadores de la marcha del día 30 de agosto de 2008, no partidizar esta acción y que no pretendan lucrar con el problema de la seguridad pública. En estos momentos, pensamos, es necesario que tengamos altura de miras para que líderes vecinales y comunitarios, legisladores y gobernantes antepongan sus intereses particulares a los intereses de la ciudad y del país, con el propósito de trabajar juntos en la búsqueda del bien común.



PROPUESTAS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1. A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al Gobierno del Distrito Federal, al Congreso de la Unión y a los partidos políticos: Impulsar e integrarnos a las y los ciudadanos al proceso de discusión y análisis para el establecimiento de un Estatuto Jurídico o Constitución General para el Distrito Federal, que garantice de manera clara, los derechos politicos, sociales y económicos de los ciudadanos para participar, sus atribuciones y obligaciones para vigilar e incidir en las acciones de gobierno.
2. Al Gobierno del Distrito Federal: Convocar a todas las organizaciones de la sociedad civil para construir un acuerdo social y participar juntos sociedad y gobierno, sin partidismos ni politiquerías, de manera seria y organizada, en el combate a la delincuencia.
3. A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Congreso de la Unión: Revisar las leyes de fomento económico y desarrollo social, para priorizar y definir una política social y económica participativa, incluyente, sustentable y solidaria que genere instrumentos legales y mecanismos de mayor equidad, ya que el sistema económico actual, solo produce pobreza y desempleo que son dos de las principales causas del alto índice de delincuencia.
4. Al Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Instaurar de forma reglamentada el presupuesto participativo, que implica la participación ciudadana en la formulación, elaboración y supervisión de los presupuestos de todos los proyectos y programas delegacionales y de la ciudad.
5. A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Legislar para establecer el principio de revocación del mandato para las diversas Autoridades Gubernamentales del Distrito Federal por faltas graves al cumplimiento de su deber.

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES

1. A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Incluir en el articulado de la ley para el funcionamiento de establecimientos mercantiles del Distrito Federal, capitulo II art. 5, como obligatoriedad de las delegaciones en el inciso V (Elaborar,digitalizar y mantener actualizado el padrón de los establecimientos mercantiles que operen en sus demarcaciones) añadirle: Que todas las licencias de funcionamiento que se expidan (y han expedido), deberán hacerse públicas previa a la apertura, en el sistema informativo del Gobierno del Distrito Federal (INFODF), para promover la transparencia y permitir la vigilancia ciudadana sobre estos.
2. A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Revisar los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la ley para el funcionamiento de establecimientos mercantiles del Distrito Federal y Homologar las definiciones del uso de suelo con las que contempla la Ley de Establecimientos Mercantiles, buscando además que los llamados giros complementarios, sobre todo los enlistados por el artículo 24, no se les permita que transformen operativamente su giro principal a otro distinto, esto debe implicar una nueva solicitud de licencia. Por ejemplo: de conformidad al tercer párrafo del artículo un bar, puede prestar los servicios de “alimentos preparados, música viva, eventos culturales, manifestaciones artísticas de carácter escénico, cinematográfico, literario o debate, música grabada, videograbada, espacio para bailar o espectáculo” así como con fundamento en el quinto, y último párrafo, podrá ofrecer al público, sin necesidad de tramitar una nueva licencia o declaración de apertura (sic) “el servicio o alquiler de juegos de salón, de mesa y billares”. la posibilidad de brindar los servicios arriba descritos, en los hechos transforma el uso de suelo, pues no es lo mismo el impacto que puede tener un bar al de una discoteca. sustentados en lo anterior resulta una simulación que la Ley sólo contemple, según la fracción XI del artículo 25 de la Ley, la consulta vecinal para la licencia de Cabaret (por cierto figura que ya ni existe, ahora se llaman table dance o chippendales), mientras que para el resto de las licencias tipo B, de conformidad a lo estipulado por la fracción X, sólo se contempla dar vista al Comité Vecinal, (algunos de los cuales ya no operan), y demás vecinos interesados. Hay que valorar la recuperación de la propuesta original que se hizo al referido artículo de la Ley en 1995, la cual contemplaba como requisito, la consulta vecinal como instrumento de la democracia participativa para el otorgamiento de licencias para giros de impacto vecinal y de impacto zonal, así como para la colocación de enseres en vía pública. Estos debates les pedimos abrirlos a las organizaciones ciudadanas y hacerlos públicos.
3. A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Legislar un ordenamiento legal para la figura de los Valet Parking, que impida el uso de la vía pública por parte de estos, y sea causal de la revocación de licencias para operar.
4. A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Revisar y actualizar la Ley y el Reglamento de protección civil para el Distrito Federal, para que cumplan su función preventiva de siniestros en establecimientos mercantiles
5. A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Incluir en el articulado de la ley para el funcionamiento de establecimientos mercantiles del Distrito Federal, la obligatoriedad de exhibir en la entrada de los establecimientos mercantiles con gran impacto zonal y social, la colocación de una placa informando fecha de autorización y demás datos que exige la Ley para su legal funcionamiento.
6. A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Incluir en el articulado de la ley para el funcionamiento de establecimientos mercantiles del Distrito Federal como obligatoria y vinculatoria, la consulta vecinal, previa información objetiva y anticipada de las autoridades a la ciudadanía para que esta opine con conocimiento de causa, antes de otorgar licencias de funcionamiento de los establecimientos mercantiles de alto impacto social, comprendidos en el artículo 24, de la ley para el funcionamiento de establecimientos mercantiles del Distrito Federal.
7. A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Gobierno del Distrito Federal: Instrumentar la vigilancia y supervisión de los establecimientos de alto impacto social por parte de verificadores ciudadanos y/o pasantes del servicio social, que verifiquen que los establecimientos mercantiles cumplan con los requisitos legales y, se tenga un padrón actualizado de todos los giros de alto impacto zonal, para que se ajusten a la ley.
8. Al Jefe de Gobierno del Distrito Federal: Instruir a su área jurídica para que elabore a la brevedad el reglamento correspondiente de la ley para el funcionamiento de establecimientos mercantiles del Distrito Federal.
9. Al Jefe de Gobierno del Distrito Federal: Reglamentar la operación de giros mercantiles, en plazas, parques, explanadas delegacionales y vía pública, en función de usos y costumbres, particularmente en las delegaciones consideradas como rurales.


SEGURIDAD PÚBLICA

1. A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Legislar para permitir la presencia de observadores externos a la Secretaría de Seguridad Pública para evitar la corrupción en programas de la dependencia y otorgar a la sociedad civil organizada territorialmente la posibilidad de incidir en la planeación, control, supervisión y evaluación de los cuerpos policíacos.
2. A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Al Jefe de Gobierno del Distrito Federal: Establecer la denuncia ciudadana anónima, que coadyuve en la persecución del delito, garantizando la seguridad de la y el ciudadano denunciante.
3. Al Jefe de Gobierno del Distrito Federal: Exigir a todos los niveles e instancias del gobierno del Distrito Federal, que asuman su liderazgo y compromiso en el combate a la delincuencia en beneficio de la ciudadanía.
4. Al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Al Procurador de Justicia del Distrito Federal, Al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal: Les pedimos vigilar que las intervenciones y acciones policíacas respeten los derechos humanos y en aras de la seguridad no cometan abusos contra la población..
5. Al Jefe de Gobierno del Distrito Federal: Le manifestamos que estamos a favor de su propuesta para construir un frente contra la delincuencia y crear la red de protección ciudadana, pensamos que este proyecto debe ser difundido y validado por los ciudadanos del Distrito Federal y no debe contener sesgos partidistas.
6. Al Jefe de Gobierno del Distrito Federal: Le felicitamos por su decisión de iniciar el procedimiento de revocación del mandato, si no hay resultados en materia del combate a la delincuencia, esto da muestra de responsabilidad y compromiso con la ciudadanía, le pedimos lo exija por igual a todo los funcionarios de su gabinete que no asuman su responsabilidad y liderazgo en esta tarea.
7. A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al Gobierno del Distrito Federal, al Congreso de la Unión y al Gobierno Federal: Pedimos legislar para crear un Instituto de Participación Ciudadana y Fomento la Cultura que cuente con fondos y partida presupuestal propios que garanticen el funcionamiento de esta nueva institución, así como la transparencia en el uso de los recursos. Para este efecto proponemos la creación de un fideicomiso mixto (público y privado) y que el nuevo Instituto sea operado por Ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil.

USO DE SUELO

1. A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Pedimos no aprobar ninguno de los programas de uso de suelo que tiene vicios de origen, porque entre otros en el punto 4.4.3 Normas de ordenación particulares, otorgan facultades discrecionales a SEDUVI, que atentan contra los derechos humanos de los habitantes del Distrito Federal y este punto objetado a la letra dice: “La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano, tendrá la atribución de definir los nuevos lineamientos y las áreas determinadas como Proyectos Estratégicos (Proyectos Ordenadores, Corredores de Integración y Desarrollo, Zonas de Intervención Estratégica y/o Zonas de Equipamiento Social y Centros de Barrio), en términos del uso del suelo, coeficiente de ocupación del suelo (COS), coeficiente de utilización del suelo (CUS), de altura o alturas máximas permitidas, de área libre de construcción mínima, restricciones a la construcción, del rescate y preservación del patrimonio cultural urbano en su caso, con base en los lineamientos que se determinen para tal efecto; de la aplicación de otras normas de ordenación particulares y lineamientos que los proyectos deberán respetar para la consecución de los objetivos del desarrollo urbano ordenado.
Los usos de suelo permitidos en estas áreas sujetas a Proyectos Estratégicos (Proyectos Ordenadores, Corredores de Integración y Desarrollo, Zonas de Intervención Estratégica y/o Zonas de Equipamiento Social y Centros de Barrio) serán los indicados en la zonificación secundaria, pudiendo optar por los definidos en la zonificación HM; es decir, Habitacional Mixto de la Tabla de Usos de Suelo del presente Programa Delegacional, cuando se localicen en Suelo Urbano y en la zonificación ER, es decir
Equipamiento Rural de la Tabla de Usos de Suelo para Suelo de Conservación.”
2. A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Les pedimos convocar urgentemente a foros públicos para debatir y trabajar en la elaboración de un proyecto de desarrollo urbano a largo plazo de la ciudad, incluyente, democrático, en el que se invite a expertos, académicos, funcionarios, desarrolladores y ciudadanos, les invitamos a reflexionar, la ciudad es de todos y todos tenemos el derecho a participar en la planeación de la ciudad que queremos, debe de darse paso a LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA, ES INACEPTABLE LA DISCRECIONALIDAD Y EL AUTORITARISMO QUE PERMITE LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD DE QUIENES NOS GOBIERNAN. Les preguntamos ahora que se requiere la participación ciudadana y el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal llama a la ciudadanización ¿A quien sirven Uds.? si son nuestros representantes y no nos escuchan, si es claro que la mayoría de organizaciones vecinales y civiles no comparten su visión de ciudad, porque están trastocando comunidades enteras sin tener un proyecto claro de lo que esta ciudad debe ser en 25 años, y no toman en cuenta a los vecinos, organizaciones y comunidades, hoy tienen la responsabilidad histórica de detener el deterioro de esta gran ciudad, no aprobando los programas delegacionales de desarrollo urbano sin someterlos a una verdadera consulta ciudadana.
3. A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Les instamos a revisar la política de uso de suelo y definir una política general consensuada con los ciudadanos de la capital.
4. A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal: Les pedimos efectuar una auditoría a SEDUVI, acompañados de auditores de la sociedad civil, revisando donde tiene archivados en cajas, expedientes de los certificados de derechos adquiridos expedidos por las diversas delegaciones o por el INVI, porque pensamos pueden contener múltiples irregularidades.

Documento aprobado por la Asamblea Ciudadana constituida en pleno del Foro “Participación Ciudadana: Uso de suelo, establecimientos mercantiles y seguridad pública”

FORO "PARTICIPACIÓN CIUDADANA: USO DE SUELO, ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y SEGURIDADA PÚBLICA"

CONVOCATORIA:

FORO:
“PARTICIPACIÓN CIUDADANA: USO DE SUELO, ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y SEGURIDAD PÚBLICA”

Objetivo: Participación de los ciudadanos en las decisiones y propuesta de alternativas para resolver esta problemática en el Distrito Federal.

BASES
El foro se llevará a cabo los días 23 y 24 de agosto en el Auditorio Benito Juárez de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, ubicado en Plaza de la Constitución No. 7, Colonia Centro.

Podrán participar los Ciudadanos y habitantes mayores de 15 años, Comités Vecinales, las Asociaciones Civiles y Organismos no Gubernamentales del Distrito Federal.

Las ponencias deberán tener una extensión máxima de tres cuartillas, tendrán que presentarse 7 días antes del inicio del foro para ser publicadas por el comité organizador, las ponencias no registradas en esta fecha podrán ser expuestas en el evento, pero la publicación queda a cargo de los autores siempre y cuando las presenten con 48 hrs. de anticipación.

La entrega de ponencias puede hacerse con cualquiera de los integrantes del comité organizador o en la calle de Medellín 21, Interior 2 (esquina Puebla), Colonia Roma o en la calle Puebla 66 (entre calle 5 y 6), Colonia Pantitlán.

DESARROLLO DEL FORO

El foro dará inicio el día 23 de agosto a las 11:00 horas con un sesión plenaria de inauguración, Habrá tres presentaciones de propuestas por tema dos hechas por expertos en cada tema y las de red enlace vecinal, en estas se expondrán diversos puntos de vista sobre los contenidos y objetivos del foro, las intervenciones durarán hasta un máximo de cinco minutos.

Concluida la plenaria de inauguración, los(as) participantes integrarán 3 mesas de trabajo, una sobre uso del suelo, otra de establecimientos mercantiles y una tercera sobre los programas de seguridad pública en el Distrito Federal.

En cada mesa se desahogarán las ponencias en el orden en que fueron registradas, las cuales serán expuestas por sus autores en síntesis, la exposición se deberá de hacer en tres minutos.

Posteriormente se discutirán de manera colectiva en cada mesa en un máximo de 40 minutos, procediendo las mesas directivas a formular conclusiones, las cuales una vez aprobadas serán sometidas a discusión en la plenaria del día siguiente.

El día 24 de agosto se celebrará a las 10:00 de la mañana la plenaria de resoluciones, la directiva de cada una de las mesas someterá a discusión las resoluciones y propuestas de las mismas, iniciando la deliberación con la de establecimientos mercantiles.

Todo lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por la comisión organizadora y la asamblea, como un organismo incluyente y plural de los ciudadanos del Distrito Federal.

El Comité organizador, será responsable de enviar un boletín con los puntos resolutivos a todos los medios de comunicación impresos y electrónicos.

Se convocará a un acto público para hacer entrega de los resolutivos al jefe de Gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.


A t e n t a m e n t e

El Comité Organizador

PONENCIA DEL DR. RENE COULOMB (FORO CIUDADAN0)

FORO

"HACIA UNA NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL."


Club de Periodistas, Centro Histórico de la ciudad de México
8 de septiembre de 2007






DE ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA CONSTRUIR CIUDADANÍA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Dr. René Coulomb




Agradeciendo la invitación de la Red de Enlace Vecinal Ciudadana, expondré a continuación 4 reflexiones generales y 8 propuestas de estrategias para avanzar - ciudadanos y ciudadanas, legisladores y gobierno juntos - en la construcción de ciudadanía en la ciudad de México.





EL DIFÍCIL PROCESO DE CIUDADANIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD
En el Distrito Federal se manifiesta el deterioro de un régimen político que estuvo sustentado durante décadas sobre una visión autoritaria, patrimonialista y clientelar, que inhibió y limitó las formas de representación y participación democrática. La apatía política, la atomización social, el repliegue sobre las redes familiares de solidaridad e intercambio y, en consecuencia, la delegación de las principales decisiones en las cúpulas políticas partidistas fueron durante mucho tiempo, y siguen siendo en la actualidad, la expresión clara del divorcio profundo entre el gobierno y los “ciudadanos”, es decir, de la falta de legitimidad del ejercicio de gobierno.
Hasta fechas recientes, no existían forma de intermediación entre la población y el aparato de gobierno, o entre los ciudadanos y sus representantes, si no era a través del clientelismo político o de la adhesión a los órganos corporativos impulsados y controlados desde el aparato del partido en el gobierno. El régimen de partido de Estado evitaba que la ciudadanía interviniera directamente en las decisiones que afectaban el desarrollo de su ciudad, de sus Delegaciones, de sus pueblos, colonias y barrios. Ante la demanda ciudadana por una mayor democratización, se crearon instancias de representación vecinal cuyas atribuciones han sido muy limitadas y los procedimientos para su “elección” viciados, en buena medida por la falta de participación de los habitantes de la ciudad en los asuntos colectivos.
La ausencia de constitución de una ciudadanía autónoma, con derechos y obligaciones, frente al gobierno permitió la creciente autonomización de la clase política y la privatización de lo público cuyas consecuencias más notorias han sido la creciente impunidad, la falta de moral y responsabilidad pública y, en fin, la llamada “crisis del Estado de Derecho”.
Por otra parte, no existe un proceso de planeación real del desarrollo que haga explícito ante la ciudadanía los objetivos de gobierno y las estrategias para su obtención. Esta falta de proyecto consensuado propicia la toma de decisiones discrecionales y coyunturales, como parte de un esquema sectorizado y descoordinado que no cuenta con los mecanismos adecuados para el control por parte de la representación social. En este caso, la participación ciudadana ha sido restringida a la llamada “consulta pública”, con fuertes deficiencias en cuanto a: información limitada, plazos demasiado cortos para el análisis y elaboración de propuestas, indefinición de la representatividad de los participantes y falta de transparencia en la (no) integración de las propuestas recogidas.
El centralismo sigue siendo un rasgo dominante del gobierno del D.F. Las Delegaciones no tienen suficientes atribuciones y recursos, lo que impide el contacto directo de los ciudadanos con las esferas en donde se toman las decisiones que los afectan. Que la mayoría de las marchas de protestas se dirijan invariablemente hacia el “Zocalo” de la ciudad, sede del gobierno central del D.F., es una señal que expresa la ausencia de poder local real, y su multiplicación, un claro síntoma de la crisis de gobernabilidad en la que se encuentra hoy en día la ciudad.
En este contexto, muy rápidamente descrito y que tendría que ser matizado, la participación ciudadana y la participación social aparecen como un instrumentos estratégicos tanto para el avance democrático como para la construcción de la gobernabilidad. Por una parte, la construcción de la democracia – es decir, el gobierno del pueblo – no puede darse sin la creación de instituciones a través de las cuales dicho “gobierno del pueblo“ pueda hacerse efectivo. La primera, todavía en construcción en nuestra ciudad, es la democracia representativa que se expresa a través de la elección de representantes de la ciudadanía para integrar los órganos del poder ejecutivo y legislativo, y también la llamada representación vecinal. Un error histórico ha sido el de llamar “participación ciudadana” a este ejercicio de elección de representantes vecinales.
Sin embargo, el “gobierno del pueblo” no puede alcanzarse en plenitud sin la otra cara de la democracia, que es la democracia participativa, a veces llamada también “democracia directa”, concepto equivocado cuando se aplica – como suele suceder – a las figuras del Referéndum, el Plebiscito o la Iniciativa Popular.
Vinculada con al proyecto de construcción de la democracia surge más recientemente la cuestión de la gobernabilidad, la cual no puede construirse solamente a partir de la representación de los partidos políticos, así sean democráticos, sino que la democracia representativa necesita del apoyo y respaldo de la democracia participativa.
En el centro del proyecto de gobernabilidad democrática, es decir, de democratización del gobierno de la ciudad, se encuentra la cuestión de las relaciones entre el gobierno, los partidos políticos y los diferentes actores sociales, también llamados “sociedad civil”. La gobernabilidad democrática implica entonces la revisión y reconstrucción de estas relaciones, el deslinde de derechos y obligaciones de ciudadanos y gobierno, y la elaboración de propuestas instrumentales en torno a la participación ciudadana y social. Entre otra herramienta, está la Ley de Participación Ciudadana que este Foro se propone discutir.

LA CONSTRUCCIÓN DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PASA POR EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Muchas voces insisten, desde hace bastante tiempo, en la necesidad de ampliar significativamente los espacios de participación directa y autónoma de los ciudadanos y sus organizaciones en la toma de decisiones, y de sustentar la elevación del nivel de vida de la población sobre la transformación de las actuales relaciones corporativas y clientelares.
Son básicamente tres los reclamos: a) la eliminación del clientelismo y del corporativismo, en cuanto que formas hegemónicas de las relaciones partidos-ciudadanos y gobierno-ciudadanos, b) la democratización en todos los ámbitos de la gestión política y económica, de la administración, la planeación, la cultura y la vida cotidiana y c) la creación de múltiples formas y espacios de participación ciudadana.
Lo que está en juego hoy en día en los conflictos que se generan en torno a la gestión urbana es, antes que todo, la falta de instrumentos legitimadores de las decisiones que se toman sobre la ciudad.
Para que la gobernabilidad democrática se traduzca en conducción eficaz de la política, debe estar sustentada en la democracia, la participación ciudadana, la transparencia y honradez irrestricta de la administración, la creación de espacios amplios de diálogo con los diferentes sectores y la distribución equitativa de los costos y beneficios del crecimiento económico. El impulso a la participación y organización social son garantía para que el gobierno sea capaz de responder con eficacia a los problemas mediante el diálogo, y para que comparta con la sociedad la responsabilidad de gobernar a través de la creación de espacios de concertación y co-gestión que busquen objetivos comunes, garanticen el cumplimiento de los acuerdos y el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, sociales y políticos de los habitantes del Distrito Federal.

La estrategia que debería de implementarse es la reconstrucción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil pues “la transición a la democracia” en la ciudad requiere de una ampliación significativa de los espacios de participación directa y autónoma de los ciudadanos y sus organizaciones en la toma de decisiones. Para ello, es necesario trascender el planteamiento meramente general e identificar las áreas de la administración pública en las que pueden incorporarse canales efectivos de participación, dando poder real a la ciudadanía para intervenir en las decisiones desde sus espacios de vida y convivencia cotidiana, el barrio, la colonia o la unidad habitacional.
Esta participación en la toma de decisiones debería permitir construir una nueva relación del gobierno con la sociedad, en particular a nivel local. Implica fomentar la organización social desde el territorio y apoyar a la población en la defensa y rescate de sus tradiciones, manifestaciones culturales y modos de vida. Proporcionando la información necesaria para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y tomar efectivamente decisiones, generando estructuras horizontales que les permitan definir sus prioridades, discutir los procedimientos, aportar su iniciativa y creatividad, fiscalizar las políticas y las obras, así como denunciar la corrupción. Estos nuevos espacios de participación en las decisiones deben garantizar la presencia y participación de los niños y de los jóvenes.
Por otra parte, frente a una ciudad profundamente desigual y segregada y que vive, a veces violentamente, la confrontación de intereses opuestos, es necesario promover espacios de dialogo y conciliación entre las partes. Los conflictos surgidos de la oposición de sectores de la población frente a los megaproyectos o a importantes obras de infraestructura deberán ser negociados a través de amplias consultas. Ahí están los mecanismo desaprovechados o manipulados del referéndum y del plebiscito.

LA POLÍTICA SOCIAL DEBE SUSTENTARSE SOBRE ESPACIOS DE CO-GESTIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y ORGANISMOS CIVILES

Si bien la gobernabilidad es impensable sin democracia, ésta no puede concebirse sin justicia social y sin equidad. Una ciudad donde millones viven en condiciones de pobreza y creciente deterioro es gobernable sólo en forma autoritaria, y ninguna transición democrática puede mantenerse sobre el frágil sustento de la miseria, por lo que es absolutamente indispensable priorizar a la política social y generar los mecanismos que permitan una mayor equidad.
Las políticas públicas relacionadas con el desarrollo social pueden convertirse en un espacio privilegiado de participación social, sobre todo de quienes hasta ahora han sido excluidos de los beneficios económicos y de las decisiones políticas, o que sólo han sido utilizados para intereses ajenos a los suyos a través de mecanismos corporativos y clientelares. Una estrategia de desarrollo social debe entonces desatar y potenciar la energía ciudadana y concebir a los beneficiarios de los programas sociales como sujetos con plenos derechos, a los que les corresponde jugar un rol específico para la consecución de metas y objetivos que se traduzcan en una mejoría real de sus niveles de vida.
La participación organizada de los beneficiarios a través del impulso a formas comunitarias, cooperativas, asociativas y autogestionarias para la dotación y gestión de infraestructuras y servicios sociales pueden ser la garantía de la administración transparente y eficaz de los recursos y de que los fondos sociales destinados al combate a la pobreza, se canalicen efectivamente a quienes más los necesitan. Para concretar esta estrategia de participación social debería ser obligación del gobierno de la ciudad apoyar las iniciativas de los habitantes para organizarse en torno a los problemas de vivienda, alimentación, educación y servicios sociales, dándoles un reconocimiento y un estatuto jurídico e institucional que les de seguridad en sus acciones de colaboración y cooperación.

LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA REQUIERE DE UNA REFORMA DE LAS ESTRUCTURAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD

La ampliación reciente de la democracia representativa en el Distrito Federal no agota el reclamo democrático de los habitantes del Distrito Federal. Los partidos políticos tienen la tarea no sólo de consolidar las nuevas instituciones de la democracia representativa y sus instrumentos electorales, sino de ofrecer a la ciudadanía nuevos espacios de democracia participativa, autónomos aunque complementarios de las contiendas partidistas.
Pero es también cierto que las organizaciones sociales, tanto sectoriales como territoriales (vecinales), tienen que reconocer que ciertos ámbitos de decisión sobre la ciudad son atribuciones de sus representantes (legislativos) y de sus autoridades (electas), y que estas decisiones son legitimas aunque afecten a veces sus intereses particulares.
¿Cómo lograr que esta autonomía y respeto mutuo entre democracia representativa y democracia participativa, lejos de debilitar a ambas, las fortalezca y les devuelva mayor credibilidad y legitimidad ? ¿Cuáles son los ámbitos de decisión que son deseables y factibles de entregar a la participación vecinal ? ¿y cuáles son los ámbitos de la gestión que deben reservarse para otros niveles de decisión, como por ejemplo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal?
Estas preguntas parecen remitir a una reforma de fondo en la estructuras del gobierno de la ciudad, con una reglamentación que redefina tanto las atribuciones de los distintos niveles de gobierno, central y local (Delegacional), como de los distintos espacios y niveles de participación ciudadana en las tomas de decisión sobre la ciudad. Ello implica una redefinición de las relaciones entre el gobierno de la ciudad (en sus distintos niveles) y las organizaciones de los habitantes. Es decir, es necesario pactar las nuevas formas de relación entre gobierno, partidos políticos y organizaciones sociales.
Es difícil pensar que se pueda proponer y concretar nuevas formas de relación entre gobierno y sociedad, sin antes haber convocado a las fuerzas políticas y sociales a un amplio debate en torno a la necesidad de superar las viejas relaciones clientelares y corporatistas, así como de encontrar nuevos consensos sobre las formas alternativas de gobernabilidad. Esta convocatoria podría provenir conjuntamente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de un muy amplio conjunto de representantes de las organizaciones sociales, sectoriales y territoriales (vecinales), de las ONGs, las universidades, etc.
De este suerte de Convención Constituyente para la Gobernabilidad Democrática en el Distrito Federal” debería surgir un pacto entre gobierno, partidos políticos y organizaciones civiles en torno a las principales reglas que normarán el ejercicio de sus derechos y obligaciones respectivas, las formas de interlocución y colaboración entre el gobierno, los partidos políticos y las organizaciones sociales, en los procesos de gestión gubernamental. Este pacto político y social para la gobernabilidad, a parte de alimentar la Reforma Política del Distrito Federal, y mañana su constitución como Estado libre y soberano, sería el marco de actuación para la elaboración de una nueva Ley de Participación Ciudadana y Vecinal para el Distrito Federal.
OCHO ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO FEDERAL

1.- La descentralización: herramienta para la democratización y la participación ciudadana

La descentralización entendida como una redistribución del poder y los recursos puede convertirse en un mecanismo facilitador de la participación social en la medida que garantiza la aplicación de las políticas en los niveles más cercanos a la problemática misma de la población. En ese sentido, es muy importante entenderla como una efectiva transferencia de responsabilidades y de recursos, y no como una mera desconcentración administrativa.
Se concibe, por una parte, a la descentralización como una forma de democratización del gobierno de la ciudad, de redistribución efectiva del poder, que transfiere atribuciones y recursos a niveles de gobierno los más cercanos posibles a los ciudadanos. Pero la descentralización debe a su vez plantearse como objetivo la participación ciudadana (democracia representativa) y la participación social (democracia participativa). Deberá por lo tanto permitir la creación de nuevos espacios que favorezcan realmente la participación en las decisiones y a la acción corresponsable, por parte de un conjunto cada vez más amplios de actores y de intereses, no sólo del sector privado sino de las organizaciones sociales y las no gubernamentales que las apoyan.
Plantear claramente la participación dentro del esfuerzo descentralizador obliga a constituir unidades administrativas descentralizadas cuyas dimensiones territoriales permitan efectivamente la cercanía y la colaboración entre el gobierno y la población. La creación de nuevas delegaciones, la renovación de funciones de las subdelegaciones existentes, así como el incremento sustancial de su número, parecen en este sentido una tarea que los poderes legislativos deberían enfrentar cuanto antes.
2.- Institucionalización de espacios diferenciados de participación ciudadana y social
De las contradicciones que superar entre el barrio y la ciudad, así como entre lo territorial y lo sectorial parece surgir la necesidad de definir distintas atribuciones para distintos niveles de participación ciudadana y, en particular, de diferenciar los espacios de la democracia participativa de los de la democracia representativa.
Deberán negociarse y crearse los espacios que permitan a los ciudadanos intervenir, al nivel adecuado, en la discusión y determinación de las prioridades y asignación presupuestales, de las políticas e instrumentos, en la conducción de programas y proyectos, en su seguimiento y evaluación.
El Referéndum y los distintos niveles de consulta ciudadana deberán servir para enfrentar la corrupción y la impunidad así como las presiones que los poderosos intereses económicos y políticos ejercen sobre todo gobierno democrático. Por otra parte, la institucionalización de la Iniciativa Popular deberá precisar cuáles son los campos y problemáticas sobre las cuales los ciudadanos podrán someter propuestas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Por otra parte, además de los distintos Consejos Consultivos dentro de los distintos niveles de gobierno de la ciudad, convendría analizar la necesidad de que el control ciudadano se ejerza también sobre los representantes populares, ciudadanizando de alguna forma las distintas comisiones de trabajo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ello podría permitir avanzar hacia la “pacificación” de las contiendas políticas en la ciudad, fortaleciendo la función de autoridad del poder legislativo y elevando el nivel de legitimidad de los partidos políticos
Sin embargo, el mayor desafío consiste en idear nuevos espacios de participación que se sitúen a nivel del barrio, de la colonia, del pueblo o de la unidad habitacional. La democracia participativa florece fundamentalmente a nivel local, de las relaciones entre vecinos, de las necesidades cotidianas. Es ahí en donde florecen las iniciativas, las innovaciones organizativas y de gestión, y en donde la democracia participativa puede concretarse en proyectos y acciones.
En apoyo a esta estrategia, está la propuesta de crear y multiplicar casas vecinales ciudadanas en la ciudad, concebidas como espacios físicos concretos de intercambio de información y proyectos, de capacitación para la planeación participativa, la gestión comunitaria y la contraloría ciudadana,
3.- Respeto y fomento de la organización social
La reconstrucción del tejido social, solidario y asociativo implica el respecto a la autonomía e identidad y a las distintas formas organizativas de los ciudadanos. En particular, se tendrá que reconocer como interlocutor válido a toda organización legalmente constituida y se respetará la pluralidad de organización, cuando exista, a nivel de intereses sectoriales (comerciantes, solicitantes de vivienda, etc.) o territoriales (colonia, barrio, unidad habitacional).
El medio más eficaz para fomentar la organización social consiste, por parte del gobierno, en dar prioridad en su acción programática a las iniciativas y proyectos surgidos de la sociedad organizada democráticamente, multiplicando con recursos públicos sus ahorros y otros tipos de aportaciones en recursos humanos, organizativos y de gestión.
4.- Territorialización y democratización en el ejercicio del gasto público
Un instrumento estratégico para el fortalecimiento de la contraloría social debería ser la territorialización del presupuesto y del gasto público. Un instrumento estratégico para ello es la generalización de la práctica del presupuesto participativo que se exprese en obras y proyectos que las organizaciones de vecinos puedan asumir como suyas, mediante la discusión de su diseño, la supervisión de su desarrollo y en su operación: equipamientos barriales, programas de estímulo a la micro empresa, programas habitacionales, de alimentación y salud, etc.
La implementación del Presupuesto Participativo deberá ser claramente diferenciada, cuidando de no generar falsas expectativas en cuanto a los rubros presupuestales implicados en la consulta, a nivel del barrio / colonia y de cada Delegación. El porcentaje del presupuesto global de la Ciudad, asignado al ejercicio de la presupuestación participativa, no debería ser inferior al 3%, buscando incrementarse paulatinamente a proporciones mayores.
5.- Planeación participativa
La planeación debe entenderse como un proceso permanente que transparenta la toma de decisiones en base a información confiable y de acceso público, y posibilita la participación y seguimiento de las acciones de gobierno por parte de la población así como un control responsable a cargo de la Asamblea Legislativa.
Para ello, es necesario que la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal establezca con claridad: a) las instancias de participación ciudadana, sectorialmente a nivel de organizaciones civiles, sindicatos, profesionales, etc., territorialmente a nivel de barrios y delegaciones, b) las atribuciones que les corresponden - en cada caso - en la integración, operación, seguimiento y evaluación de los programas y acciones y c) el sistema de información y sus formas de consulta.
6.- Apoyo gubernamental a las iniciativas y proyectos de las organizaciones de los habitantes de la ciudad
La estrategia consiste ya no tanto en concertar la colaboración de los ciudadanos en los proyectos y programas gubernamentales, sino más bien en negociar la implementación conjunta de las iniciativas surgidas de los ciudadanos y sus organizaciones. Las actitudes de apatía o de escepticismo frente a la convocataria de participación deben ser respondidas por acciones concretas del nuevo gobierno que demuestren su capacidad democrática de convocar, articular, apoyar y canalizar las diferentes iniciativas, propuestas y actividades creativas de los ciudadanos (Ortiz, 1997).
El éxito de estas iniciativas ciudadanas apoyadas por el gobierno, y no sólo de los proyectos diseñados desde la administración, así como su amplia difusión y reconocimiento, pueden constituirse en una demostración pedagógica de que la acción corresponsable entre gobierno y sociedad civil puede darse en el marco del respeto mutuo de la autonomía de ambos. La política social constituye el espacio estratégico, aunque no único, para la implementación de esta estrategia.
Las ONGs deberán reconocerse como colaboradores tanto del gobierno democrático como de las organizaciones sociales en la tarea de diseño, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos. Deberá asimismo responder a su reclamo de participar en la definición de las políticas públicas a través de la institucionalización de espacios de concertación como pueden ser los Consejos Consultivos (punto 10).
7.- Capacitar para la participación
La participación social implica una amplia capacitación tanto de los actores sociales como de las autoridades locales. Las ONGs, ciertas asociaciones gremiales y algunos sectores universitarios que se han especializados en campos como la vivienda, la alimentación, la salud, la promoción de grupos de mujeres o niños, etc. pueden ser un auxiliar decisivo en esta tarea, a partir de sus experiencias de promoción de grupos sociales organizados en torno a una necesidad básica o a la defensa de intereses.
8.- Información gubernamental, rendición de cuentas y contraloría social
Es deseable que en la revisión que se haga de las instancias de representación ciudadana se den cauces institucionales a la función de Contraloría Ciudadana, la cual no debería concebirse como una instancia burocratizada, sino como el ofrecimiento de espacios y mecanismos diferenciados a través de los cuales los ciudadanos que así lo deseen puedan cuidar el uso de los recursos que están destinados a satisfacer sus necesidades. Es necesario que esta Contraloría cuente con información sobre los planes y programas que desarrolla la delegación, que supervise la ejecución de obras, que constate lo comprometido en los contratos, en base a la oportuna y reglamentada rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos.
Un espacio estratégico para el ejercicio y fortalecimiento de la Contraloría social concierne el problema más sentido de la población: la delicuencia y la corrupción policiaca. Las experiencias exitosas de otras ciudades parecen indicar que la posibilidad de enfrentar con éxito estos problemas pasa en una amplia medida por la organización zonal y barrial de la ciudadanía. El esfuerzo en este sentido consiste en otorgar a la sociedad civil organizada territorialmente la posibilidad de controlar (de prevenir, las más de las veces) a la delicuencia y a la acción policiaca sobre la delincuencia.

EN CONCLUSIÓN
Las estrategias de descentralización, fomento de la organizaciones civiles, territorialización del gasto y de la presupuestación participativa, planeación participativa y apoyo a los proyectos por autogestión comunitaria, no deben hacer olvidar que la ciudad, y muchos de sus territorios, se caracteriza por una fuerte desigualdad y por la presencia de intereses encontrados. Un gobierno democrático se enfrenta al desafío de luchar en contra de los procesos de segregación y exclusión, pero también de recrear los espacios de la convivencia republicana y del consenso negociado. Es finalmente sobre su voluntad y capacidad de construir una gobernabilidad incluyente, “de todos y para todos”, que el nuevo gobierno será sancionado por los ciudadanos electores.
La falta de legitimidad, en casi todos los ámbitos, de las decisiones que los gobiernos autoritarios han tomado en relación a la ciudad de México se encuentra en el haber favorecido, sin consenso, a algunos sectores en detrimento de los intereses de los demás, por la general mayoritarios. Un gobierno democrático debe poder ofrecer a todos y cada uno de los sectores socio-económicos y grupos de intereses los espacios institucionales de interlocución y participación en las decisiones que los afectan.

ESTAMOS PROCESANDO LAS PONENCIAS Y PROPUESTAS DEL FORO CIUDADANO

RED DE ENLACE VECINAL CIUDADANA

ESTARÁ INFORMANDO A TRAVÉS DE ESTE BLOG,
LOS RESULTADOS DE LAS PONENCIAS Y PROPUESTAS
QUE SE RECIBIERON EN EL FORO CIUDADANO:

"HACIA UNA INICIATIVA PARA UNA NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
PARA LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL",

QUE EN BREVE, SE IRA CONFORMANDO CON TODAS LAS PROPUESTAS CIUDADANAS:
HECHAS EN LO COLECTIVO CON LA COOPARTICIPACIÓN DE TOD@S
LOS PARTICIPANTES AL FORO.

AQUELLOS QUE DESEEN SUMARSE,
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